Declaration - Declaración La Voz de los de Abajo March/Marzo 2017

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Declaración de La Voz de los de Abajo ChicagoTierra y Territorios: Campesinos y Pueblos Indígenas en Honduras siguen bajo ataque

     Del 26 de febrero al 11 de marzo de 2017, La Voz de los de Abajo organización con sede en Chicago, coordinó una delegación a Honduras de miembros y dirigentes de organizaciones de derechos humanos, de justicia ambiental, de jóvenes y estudiantes, religiosas, sindicales y solidarias, para la conmemoración del aniversario del asesinato de Berta Cáceres Flores.Nuestra delegación se reunió con defensores hondureños de derechos humanos y con organizaciones y comunidades que defienden los derechos a la tierra y a los territorios, entre ellas COPINH, la CNTC y OFRANEH.     El propósito de esta declaración es destacar y denunciar ejemplos específicos de violaciones a los derechos humanos y las amenazas, violencia y acciones contra las organizaciones mencionadas y contra los defensores hondureños que los acompañan. También reafirmamos enfáticamente nuestra oposición al financiamiento por el gobierno de Estados Unidos que contribuye a la militarización y al clima de inseguridad y violencia en el país. Destacamos también que la investigación sobre el asesinato de Berta debe incluir la investigación de posibles vínculos con el ejército estadounidense de algunos de los acusados de su muerte. Los testimonios que recibimos durante esta delegación confirman los informes de otras organizaciones internacionales de derechos humanos de que existe una colusión preocupante entre las élites locales y nacionales, los proyectos hídricos y mineros, el crimen organizado y el aparato estatal.

COPINH y la comunidad de Río Blanco, Intibucá     Un año después del asesinato de Berta Cáceres, su familia y su organización continúan exigiendo una investigación seria, independiente del gobierno hondureño, sobre quién ordenó, planificó y llevó a cabo el asesinato. Los líderes y miembros del COPINH (Consejo Cívico de los Pueblos Indígenas de Honduras) informan que continúan recibiendo amenazas de daño físico, atentados contra sus vidas y amenazas de criminalización contra la organización. Visitamos la comunidad de Río Blanco donde se encuentra el proyecto hidroeléctrico DESA. Los miembros de la comunidad relataron sus experiencias de ser atacados físicamente, amenazados y acosados por empleados de DESA y por fuerzas policiales y militares debido a su oposición al proyecto DESA Agua Zarca. Expresaron su temor de nuevos ataques. Nuestro grupo también asistió a una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 1 de marzo de 2017 para Suyapa Martínez del Centro de Estudios de la Mujer en Honduras (CEM-H). La Sra. Martínez es una defensora de derechos humanos acusada de difamación por la empresa constructora DESA en relación con el asesinato de Berta Cáceres. Cabe señalar que es ampliamente difundido, declarado públicamente e publicado en Honduras que algunos representantes del DESA en sus más altos niveles amenazaron directamente a Berta y deben ser investigados. Algunos empleados de DESA de nivel inferior están entre los arrestados en el caso de Berta. Aunque un juez rechazó recientemente los cargos de difamación, el caso de la señora Martinez es considerado como un ejemplo más de intentos de intimidar y silenciar a los defensores de derechos humanos, abogados y periodistas. También se considera parte de un intento descarado de silenciar el llamado a una investigación independiente del asesinato de Berta Caceres.

La CNTC y la comunidad "9 de Julio" en La Paz.     Nuestro grupo visitó la comunidad de la CNTC (Centro Nacional de Trabajadores del Campo) en Tutule llamada "9 de Julio". Esta comunidad ha sido desalojada 26 veces, al menos 3 veces con violencia, incluyendo la más reciente el 13 de enero de 2017. Los miembros de La Voz también visitaron la comunidad después de un desalojo violento previo en mayo de 2016. Estos desalojos se caracterizaron por asaltos masivos con gases lacrimógenos y con policías y unidades militares disparando munición real a los campesinos. El 13 de enero, Víctor Vázquez, presidente del Consejo Indígena de Simpinula, La Paz, y líder de la organización Lenca MILPAH en La Paz, recibió un disparo en la rodilla mientras observaba y grababa video del desalojo. Al mismo tiempo, un miembro del grupo campesino sufrió una seria lesión en la mano por un proyectil de gas lacrimógeno disparado directamente contra los campesinos y una mujer de la comunidad sufrió un aborto involuntario. 
     En el desalojo en mayo de 2016, dos miembros de la comunidad CNTC sufrieron heridas de bala. Este reciente desalojo ocurrió antes de que se recibiera una decisión judicial por un recurso presentado a principios de enero por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH) y otros representantes legales de los campesinos. La tierra estaba abandonada y en barbecho hasta que el grupo campesino, formado por familias jóvenes sin tierra, comenzara a trabajarla. Ellos construyeron un sistema de agua, sembraron cultivos de hortalizas para desarrollar la producción agrícola sostenible y construyeron pequeñas casas con jardines de flores. Fue entonces cuando una de las élites locales, Carlos Arriaga, empezó a reclamar la tierra. Arriaga es un pariente del alcalde de la ciudad de Tutule, Will Guevara, quien ha estado presente en varios desalojos.      Tras el desalojo del 13 de enero, Arriaga apareció en la televisión nacional denunciando a las familias campesinas y pidiendo al gobierno hondureño que lo ayudara a deshacerse de ellas. Han habido algunas negociaciones con Arriaga pero él ha insistido en que los campesinos tendrían que comprarle la tierra a precios exorbitantes por acre para reembolsarle por "mejoras". Sin embargo, la tierra es "ejidal" o tierra pública elegible para la distribución a los sin tierra. Los campesinos han hecho mejoras significativas en la tierra, ademas de que han tenido que reconstruir sus casas y replantar cultivos en numerosas ocasiones. Este caso es emblemático de la situación del campo para los campesinos, sobre todo en las regiones indígenas del país donde los miembros de la élite económica y política están vinculados al poder político y están interesados en los ingresos que pueden recibir de los mega-proyectos mineros y hidroeléctricos.        Organizaciones campesinas como la CNTC piden que se ponga fin a la criminalización de los campesinos (hay miles en el sistema de justicia penal por "delitos de tierra") y hay necesidad de una nueva reforma agraria integral para resolver la urgente necesidad de miles de campesinos pobres y sin tierra  para para cultivar. Sin tal reforma y un fin a la represión hay poca esperanza de lograr una seguridad en términos de alimentación o de la integridad física de los que viven en el campo.

OFRANEH y la comunidad de Barra Vieja     La comunidad Garífuna de Barra Vieja, cerca de Tela, Atlántida, ha existido por más de 100 años como una de las 48 comunidades garífunas localizadas en la costa norte de Honduras. La comunidad mantiene su lengua materna y su cultura económica y social. A partir de 2007 las elites económicas y políticas comenzaron a tratar de desplazar a la comunidad de 127 personas para desarrollar proyectos de mega-turismo en las playas prístinas del área de Tela. Líderes de la comunidad dijeron a nuestra delegación que a partir de 2013 estos intentos se hicieron más agresivos ya que el exclusivo Indura Beach Resort y Golf Club (ahora conectado a la cadena Hilton) fue construido en tierra que también formaba parte de Barra Vieja y otras comunidades cercanas. Vimos la estación de guardia con guardias armados y una cerca que corre hasta el borde del agua y evita que los aldeanos puedan acceder a la playa o las palmeras (manaca) que necesitan para renovar sus casas. Los y las estudiantes jóvenes de Barra Vieja no pueden caminar la distancia más corta a lo largo de la playa para llegar a su escuela en la aldea siguiente y tienen que conseguir el transporte o caminar una distancia larga y desprotegida para llegar a la escuela.       En 2014 se emitieron órdenes de desalojo contra la comunidad. La policía intentó desalojar a la comunidad en abril de 2014 sin éxito y en septiembre de 2014 un gran contingente de policías y militares fuertemente armados entró en la comunidad obligando a los residentes a salir de su casa. Varios residentes ancianos murieron en los días después del desalojo, mientras muchos residentes volvieron otra vez para recuperar sus hogares y la tierra. OFRANEH expuso el hecho de que la propia orden de desalojo no cumplía con los requisitos legales y también que es un hecho que el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege los derechos de las comunidades indígenas, se aplica a los garífunas de Honduras. Los cargos de robo de tierras contra los líderes y residentes de Barra VIeja fueron anulados en la corte, pero los funcionarios y promotores no han renunciado a los esfuerzos legales y extrajudiciales para desplazar a la comunidad; Muchos de los aldeanos han abandonado temporalmente sus hogares debido a las constantes amenazas y acoso. 

      Consideramos que estos tres casos son indicativos de las crisis de derechos humanos en curso en Honduras que se apoyan en la impunidad y la intimidación. Hay otros casos serios que no podemos tratar hoy en esta declaración.  Hemos visto la declaración del vicepresidente estadounidense Pence después de la visita del presidente Hernández a Estados Unidos el 23 de marzo de 2017. Nuestra experiencia y la experiencia de las personas y organizaciones hondureñas que conocemos, contradicen la afirmación del Sr. Pence de que ha habido "importantes avances que ha hecho Honduras en los últimos dos años" en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y en contra de la corrupción, y seguiremos trabajando para detener la ayuda militar y de seguridad de Estados Unidos que compra balas y gases lacrimógenos para su uso en contra el pueblo hondureño.

La Voz de los de Abajo Chicago27 de marzo de 2017
Chicago, Il EUA

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Declaration by La Voz de los de Abajo Chicago
Land and Territories: Campesino and Indigenous Peoples in Honduras Are Still Under Attack

     From February 26 - March 11, 2017,  the Chicago based organization La Voz de los de Abajo coordinated a delegation to Honduras of Chicago student/youth,community environmental justice, religious, human rights, union and solidarity organizations for the one year commemoration of the assassination of Berta Caceres Flores.      Our delegation met with Honduran human rights defenders and with organizations and communities defending land and territory rights including COPINH, the CNTC and OFRANEH. 

     The purpose of this statement is to highlight and denounce specific examples of violations of human rights and the threats, violence and actions against the organizations mentioned and the Honduran human rights defenders who accompany them. We also emphatically reaffirm our opposition to U.S. government funding which contributes to militarization and the climate of insecurity and violence in the country. We wish to emphasize as well that the investigation into Berta’s murder must include the investigation of possible ties to the US military of some of those accused of her death. The testimony we received during this delegation affirms the reports of other international human rights organizations that there is a disturbing collusion of forces between local and national elites, water and mining projects, organized crime and the state apparatus. 

COPINH and the community of Rio Blanco, Intibucá     One year after Berta Caceres’ murder, her family and organization continue to demand a serious investigation independent from the Honduran government into who ordered, planned and carried out the assassination. COPINH (Indigenous Peoples Civic Council of Honduras) leaders and members report that they continue to receive threats of physical harm, attempts against their lives, and threats of criminalization against the organization. We visited the Rio Blanco community where the DESA hydroelectric project is located. Community members related their experiences of being physically attacked, threatened and harassed by DESA employees, police and military forces because of their opposition to the DESA Agua Zarca project. They expressed their fears of further attacks. 
     Our group also attended a press conference in Tegucigalpa on March 1, 2017 for Suyapa Martinez of the Center for Women’s Studies in Honduras (CEM-H). Ms. Martinez is a human rights defender accused of defamation by the DESA construction company related to the murder of Berta Caceres.  It should be noted that it is widely held, stated publicly and printed in Honduras that DESA representatives at its highest levels directly threatened Berta and should be investigated. Some lower level DESA employees are among those arrested in Berta’s case. Although a judge recently rejected the charges, Ms. Martinez’s case is considered to be one more example of attempts to intimidate and silence human rights defenders, lawyers and journalists. It is also considered to be part of a blatant attempt to silence the call for an independent investigation of Berta Caceres’ murder. 

The CNTC and the “9 de Julio” community in La Paz.     Our group visited the CNTC (National Center for Farm Workers) community in Tutule called “9 de Julio”. This community has been evicted 26 times, at least 3 times with violence including most recently on January 13, 2017.  Members of La Voz also visited the community after previous violent eviction in May, 2016. These evictions were characterized by massive tear gas assaults and police and military units firing live ammunition at the campesinos. 
     On January 13, Victor Vazquez the President of the Indigenous Council of Simpinula, La Paz and leader of the Lenca organization MILPAH in La Paz was shot in the knee as he observed and video taped the eviction. At the same time a member of the campesino group suffered a serious hand injury from a tear gas projectile fired directly at the campesinos, and a woman from the community suffered a miscarriage. 
     In the eviction in May 2016 two members of the CNTC community suffered gunshot wounds. This recent eviction occurred before any  court decision was received for an appeal submitted in early January by the Committee of the Families of the Disappeared Detainees (COFADEH) and other legal representatives of the campesinos.  The land was abandoned and fallow before the campesino group, made up of young families with no land, began working. They built  a water system, planted vegetable crops to develop sustainable agriculture production and built small homes with flower gardens. That is when one of the local elite, Carlos Arriaga, began pressing a claim to the land. Arriaga is a relative of the mayor of the town of Tutule, Will Guevara, who has been present at several evictions. After the January 13th eviction, Arriaga appeared on national television denouncing the campesino families and calling on the Honduran government to help him get rid of them. There have been some negotiations with Arriaga but he has insisted that the campesinos would have to buy the land from him at exorbitant prices per acre to reimburse him for “improvements”.  However, the land is ‘ejidal” or public land eligible for distribution to the landless.  The campesinos have made significant improvements to the land, as well as having had to rebuild their homes and replant crops numerous times. 
     This case is emblematic of the situation in the countryside for the campesinos, especially in the indigenous regions of the country where members of the economic and political elite are is tied to political power and economic gain from mining and hydroelectric mega-projects. 
     Campesino organizations such as the CNTC call for a stop to the criminalization of the campesinos (there are thousands in the criminal justice system for “land crimes”) and for the passing of a new, integral agrarian reform to resolve the urgent need of thousands of landless and poor small farmers for land to cultivate. Without such a reform and end to the repression there is little hope for food and physical security in the countryside. 

OFRANEH and the community of Barra Vieja       The Garifuna community of Barra Vieja near Tela, Atlantida has existed for more than 100 years as one of some 48 Garifuna communities located on the northern coast of Honduras.  The community maintains its native language and economic and social culture.  Beginning in 2007 the economic and political elites began trying to displace the 127 person community in order to develop mega-tourism projects on the pristine beaches of the Tela area. Community leaders told our delegation that beginning in 2013 these attempts became more aggressive as the exclusive Indura Beach Resort and Golf Club (now connected to Hilton) was built on land that was also part of Barra Vieja and other nearby communities. We saw the guard station with armed guards and a fence that runs all the way to the water’s edge and keeps the villagers from being able to access the beach or the palms (manaca) that they need to refurbish their homes. School children from Barra Vieja cannot walk the shorter distance along the beach to their school in the next village but have to get transportation or walk a long, unprotected distance to get to school.  
     In 2014 eviction orders were issued against the community. Police tried to evict the community in April of 2014 without success and in September 2014 a large contingent of heavily armed police and military entered the community forcing the residents out of their home. Several elderly residents died in the days after the eviction, while many residents returned again to recuperate their homes and land. OFRANEH exposed the fact that the eviction order itself did not meet the legal requirements and the fact that the International Labor Organization Article 169 protecting the rights of indigenous communities applies to the Garifuna in Honduras.  Charges of land theft against Barra Vieja leaders and residents were overturned in court, but the officials and developers have not given up either legal and extra-judicial efforts to displace the community; many of the villagers have temporarily left their homes due to the constant threats and harassment. 


     We believe that these three cases are indicative of the ongoing human rights crises in Honduras that rests on impunity and intimidation. There are other serious cases that we are unable to develop in this declaration today. We have seen the statement by the US Vice President Pence after the March 23, 2017 visit by President Hernandez to the US. Our experience and the experience of the Honduran individuals and organizations we know contradicts Mr. Pence’s assertion that there has been “important progress that Honduras has made over the past two years” in strengthening citizen security and fighting corruption, and we will continue to work to stop US military and security aid that buys bullets and tear gas to be used against the Honduran people. 

La Voz de los de Abajo
March 27, 2017
Chicago, Il USA